La Infraestructura Mundial de Información (IMI) -- una red masiva de redes de comunicación -- cambiará para siempre el modo en que los ciudadanos de todo el mundo viven, aprenden, trabajan y se comunican entre sí.

Esta red mundial le permitirá a la aldea más lejana examinar la biblioteca más adelantada. Les permitirá a los médicos de un continente examinar pacientes que vivan en otro. Le ayudará a una familia del Hemisferio Norte a mantenerse en contacto con parientes en el Hemisferio Sur. E inspirará en los ciudadanos de todas partes del mundo un sentido más profundo de la responsabilidad que comparten en cuanto a la administración de nuestro pequeño planeta.

Las naciones desarrolladas y en desarrollo, en diversas reuniones internacionales, han llegado a un consenso en el sentido de que la red de información óptima debe construirse sobre cinco principios centrales: inversión privada, competencia, regulación flexible, acceso abierto y servicio universal. El objetivo de estos principios guías es es acelerar el desarrollo de la IMI y asegurar su longevidad.

Estos principios se aprobaron en Buenos Aires hace dos años, en la reunión de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, y se afirmaron el año pasado en la Reunión Ministerial de Telecomunicaciones del G-7, celebrada en Bruselas. También han sido reafirmados en una amplia gama de foros regionales y multilaterales -- la reunión de la Cooperación Económica de Asia y el Pacífico, la Cumbre de las Américas, y se los mencionó en la Conferencia de la Sociedad de la Información y el Desarrollo.

Todos esos cinco principios están estrechamente vinculados entre sí y dependen uno del otro para cobrar fuerza. Debemos reflexionar acerca de cómo estos principios pueden adelantar tanto los intereses particulares de las naciones individuales como los intereses comunes de todos los ciudadanos del mundo.

Permítanme examinar los principios centrales.

Comencemos por la inversión privada y la competencia. El presidente Clinton promulgó la Ley de Reforma de las Telecomunicaciones de 1996, la cual abrirá a la competencia de una legión de compañías nuestros mercados de las comunicaciones. Estamos convencidos de que liberar a las empresas privadas para que compitan entre sí ha demostrado, una y otra vez, ser la mejor técnica para encender la creatividad, crear empleos, impulsar los beneficios financieros y llevar a los consumidores toda una gama de nuevos servicios.

Para el sector privado, esta es una oportunidad tremenda -- como lo hemos visto en América del Sur, en Asia y ahora en partes de Africa. Pero la inversión privada, dondequiera que ocurra, debe ir acompañada de una competencia vigorosa.

En Estados Unidos hemos aprendido esa lección. Cuando un juez federal dividió en varias compañías la American Telegraph & Telephone (AT&T), el mayor monopolio telefónico del mundo, los resultados sorprendieron hasta a los más fervientes partidarios de eliminar las regulaciones. El precio de las llamadas telefónicas de larga distancia cayó espectacularmente. Nuevas compañías, con nuevos empleos, aparecieron en escena. El la propia AT&T, finalmente, se convirtió en una compañía más fuerte, más competitiva e innovadora.

Los acontecimientos de Chile ejemplifican también los beneficios de la inversión privada y la competencia abierta. En 1994, Chile estableció una estructura reguladora fuertemente favorable a la competencia.

El número de operadores de larga distancia aumentó en Chile de uno a 12. La porción de los hogares con servicio telefónico dio un salto de más de un 50 por ciento. Y los precios bajaron de alrededor de dos dólares a aproximadamente un quinto de dólar por minuto. También subieron los ingresos de la industria, aproximadamente dos veces más rápidamente que los de la economía en general.

La inversión privada y la competencia son esenciales para el desarrollo de la IMI.

También lo es el tercer principio, una regulación inteligente, flexible. Para que los inversionistas corran riesgos y se arraigue la competencia, las regulaciones deben asegurar estabilidad, libertad y flexibilidad, en tanto que también les ofrecen a los consumidores precios justos y amplia gama de opciones.

En Estados Unidos regulamos muchas industrias de las comunicaciones a través de una agencia independiente, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). Este organismo experto cuenta con la pericia necesaria para tomar decisiones técnicas. Y junto con otras agencias de los departamentos de Justicia y Comercio de Estados Unidos, la FCC dispone de la capacidad de vigilar las condiciones cambiantes del mercado.

En la misma medida que estas nuevas tecnologías revolucionan el viejo orden comercial, los que estamos en el gobierno debemos echar abajo las estructuras regulatorias obsoletas mientras permanecemos fieles a los valores e ideales subyacentes.

Otro principio central -- estrechamente vinculado a los principios de la inversión privada, la competencia y las regulaciones flexibles -- es el acceso abierto. Es necesario que todas las naciones y todas las partes puedan conectarse a la IMI.

La razón la puede exponer, en parte, un bien conocido principio de la ciencia de la computación, la Ley de Metcalfe. La Ley de Metcalfe sostiene que el poder una red de computadoras aumenta aproximadamente en proporción directa al cuadrado de la cantidad de personas conectadas con ella.

Esa es la razón por la que el Internet crece con tanta rapidez. Cuanta más gente se conecta, más gente quiere conectarse. Si se duplica la cantidad de gente en línea, se cuadruplica la cantidad de maneras posibles de vincular a esa gente y combinar su talento y sus ideas.

Esa es la razón por la que el acceso abierto es tan importante. Manténgase a la gente fuera de la red, y la red no será tan valiosa. Déjese entrar a la gente, y el valor que cada uno obtiene se disparará.

Por lo tanto, los dueños de las redes deben cobrar precios de acceso a las mismas que no sean discriminatorios. La única manera de materializar la promesa verdadera de la IMI es garantizar que cada uno de los que se conectan tendrá acceso a miles de fuentes de información diferentes -- desde la programación de vídeos a los periódicos electrónicos y los tablones de anuncios computarizados -- de cada nación, en cada idioma.

El quinto y último principio es tal vez el más importante: el servicio universal. Estamos convencidos de que el servicio universal puede ser un resultado natural de los primeros cuatro principios. Por cierto que la combinación de acceso abierto, regulaciones flexibles, competencia e inversión privada nos arrastrará en esa dirección. Pero, por sí mismos, nos llevarán de lleno hacia ese destino.

Esa es la razón por la que el presidente Clinton y yo hemos retado al sector privado de nuestra nación a ayudar a conectar cada escuela de Norteamérica a la supercarretera de la información para fines de este siglo. Y esa es la razón por la que reitero mi llamado a la creación de una Biblioteca Digital Mundial, para que todos los ciudadanos del mundo tengan acceso más rápido y más rico a toda la información del mundo.

Por supuesto, en cada nación diferirán los contornos exactos del servicio universal. Pero su forma fundamental debe ser similar en la mayor parte de las localidades. Por ejemplo, proveer servicios básicos a precios accesibles a la gente de todos los niveles de ingresos, hacer que esté disponible servicio de alta cualidad, no importa cuál sea la situación geográfica o capacidad física de una persona, y enseñarles a los consumidores cómo usar con efectividad estas tecnologías.

La IMI es una iniciativa histórica. La fortalece la participación, la sostiene la apertura, y la fortifican las naciones vigorosas y la gente talentosa que van en pos de sus ideales de un mañana mejor.

Unanse a mí en la construcción del primer gran logro del siglo XXI.