En su búsqueda de una justicia igual para todos, el sistema judicial se ha impuesto a sí mismo nuevas pautas para los jueces al determinar estos las sentencias. El presidente de la Comisión federal de sentencias describe cómo las pautas federales de sentencia estimulan la imparcialidad y que opciones de sentencias alternativas puede ahora considerar un juez.

El acto de dictar sentencia es una de las tareas más difíciles de un juez. El poder de privar a una persona de su dinero, libertad e incluso la vida es una responsabilidad imponente. Las sentencias tienen que ser justas e imparciales y deben fundarse solamente en consideraciones pertinentes. No se puede exhibir favoritismo hacia las personas teniendo en cuenta su raza, religión, creencias o partido político. Por lo tanto, la independencia judicial --estar libre de las pasiones públicas o de las presiones partidistas-- es muy importante en el proceso de dictar sentencia.

Al mismo tiempo, a los jueces no se les puede dar discreción irrestricta para imponer las sentencias que se les ocurran. Sobre la entrada al Tribunal Supremo de Justicia de los Estados Unidos se encuentra inscripto el ideal del sistema jurídico estadounidense: "Justicia igual bajo la ley". Puesto que el juez que dicta sentencia con frecuencia será de un grupo étnico diferente, o de un género sexual o religión distintos a los del acusado a quien se sentencia, en una sociedad pluralista como la de Estados Unidos los ciudadanos deben tener confianza en que quienquiera que viole la ley será tratado igual que cualquier otra persona que cometa el mismo delito.

"Ley sin orden"

En el pasado, a los eruditos y a los políticos les preocupó que las decisiones de los jueces pudieran ser influidas por su habilidad natural de comprender a las personas iguales a ellos mejor que a las personas que son diferentes, lo cual podría conducir a que algunos acusados puedan ser tratados de una manera diferente a otros.

En "Criminal Sentences: Law Without Order" (Sentencias penales, ley sin orden), publicado en 1972, el ex juez federal Marvin Frankel describió el sistema de sentencias como "ley sin orden". En esa época, los estatutos penales daban a los jueces una amplia variedad de sentencias para elegir. No se daba a los jueces pautas sobre las sentencias más típicas aplicadas por otros jueces, o cuales sentencias podían ser más eficaces. Como resultado de ello, jueces con filosofías diferentes imponían sentencias distintas a delincuentes que habían incurrido en delitos similares.

Además, la sentencia dictada por un juez no controlaba la cantidad de tiempo que un delincuente pasaba verdaderamente en la cárcel. Los delincuentes podían ser puestos en libertad anticipadamente por una comisión de libertad condicional. La mayoría de los delincuentes cumplían solamente una tercera parte o la mitad de la sentencia impuesta por el juez. Muchas personas creen que esto debilitó el respeto por los tribunales y por la ley.

La Ley de Reforma de Sentencias de 1984 cambió todo esto al abolir la libertad condicional y crear la Comisión Federal de Sentencias, la cual estableció un sistema de normas para que las aplicaran los jueces al dictar sentencia. En la actualidad tenemos "verdad en las sentencias" y los delincuentes cumplen las condenas que les impone el juez (menos un máximo del 15 por ciento si observan buena conducta mientras están presos). Aún más importante, los jueces tienen pautas para ayudarlos a determinar la sentencia apropiada, lo cual asegura a sus pares y al público que diferentes jueces que usan las mismas normas llegarán a la misma conclusión.

Los jueces ayudan a formular las normas de sentencias

La ley dispone que por lo menos tres de los siete miembros con voto de la Comisión de Sentencias deben ser jueces federales. Además, la Comisión está obligada por los estatutos a consultar con el organismo que gobierna el sistema judicial federal --la Conferencia Judicial de los Estados Unidos-- con respecto a posibles mejoras de las normas. Por lo tanto, mientras las normas podrían restringir la facultad de un juez al dictar sentencia en un caso particular, la contribución judicial a la Comisión proporciona a los jueces un nuevo camino para influir en las normas de sentencia que se aplican a todos los casos.

Este aspecto de la Ley de Reforma de Sentencias fue inicialmente controversial. Algunas personas pensaban que las normas debían ser formuladas enteramente por jueces. Otras pensaban que las reglas de sentencia debían ser establecidas por el Congreso. El compromiso representado por la creación de la Comisión de Sentencias y su ubicación dentro de la rama judicial del gobierno tuvieron la intención de aislar en alguna medida las normas de sentencia de las pasiones políticas del día. La Comisión actuaría como un organismo experto independiente que podía establecer normas de sentencia sobre la base del estudio y del razonamiento.

Al mismo tiempo, las normas de sentencia debían ser políticamente responsables. Los comisionados son designados por el presidente y confirmados por el Senado. Y la Comisión está sujeta a directivas del Congreso que pueden requerirle que aumente los castigos o cambie las normas de sentencia de diversas maneras. El resultado es un organismo "casi legislativo" dentro de la rama judicial, que fue desafiado inicialmente en 1989 como una violación del principio de "separación de poderes" establecido por la Constitución de los Estados Unidos. El Tribunal Supremo de Justicia rechazó esta impugnación en el caso Mistretta v. Estados Unidos y sostuvo la constitucionalidad de la Comisión y de la facultad de sus jueces para formular reglas.

Enfasis en factores pertinentes

Las normas de sentencia describen exactamente cuales son los hechos importantes para determinar una sentencia. Se prohíbe toda consideración con respecto a la raza, sexo, origen nacional, religión y condición socio- económica del acusado. En cambio, la sentencia se funda en gran parte en la gravedad del delito y en los antecedentes penales previos del acusado.

Por ejemplo, uno de los tipos de delito más comunes en los tribunales federales de Estados Unidos es el narcotráfico. La sentencia en estos casos se funda en gran parte en la cantidad de narcóticos producidos, contrabandeados o vendidos por el acusado. La sentencia aumenta si el acusado tenía un arma de fuego al cometer el delito, o si fue declarado culpable de vender drogas cerca de una escuela, o a un niño, o a una mujer embarazada. Los jefes de las organizaciones delictivas reciben sentencias más prolongadas. Los acusados que reconocen su delito y aceptan responsabilidad por sus acciones reciben sentencias más cortas que quienes niegan haber cometido el delito. Finalmente, la sentencia aumenta si el acusado ha cometido otros delitos.

Bajo normas como estas cualquiera puede ver cómo se determina una sentencia. No todos están de acuerdo con todas las reglas establecidas por la Comisión de Sentencias, pero todos saben que las mismas normas se aplican en todos los tribunales de Estados Unidos. Las normas ayudan a garantizar que acusados de delitos similares sean tratados de una manera similar.

La función del juez

Los jueces tienen una tarea importante en el sistema de normas de sentencia. Deben determinar los hechos del caso y los antecedentes penales previos del acusado. En los tribunales federales de Estados Unidos, los jueces toman su decisión en una audiencia de sentencia, en la cual los fiscales y los acusados pueden presentar pruebas y dirigirse al tribunal. El personal del tribunal prepara un "informe previo a la sentencia" que incluye una descripción del delito y su efecto en las víctimas. El informe también describe el prontuario penal del acusado e información sobre los antecedentes, familia, educación, empleo y otros factores del acusado.

Al formular las normas, el Congreso y la Comisión reconocieron que ningún conjunto de reglas, no importa cuan detalladas, podía anticipar toda situación posible. Por lo tanto, en las palabras de la Ley de Reforma de Sentencias, "[si] el tribunal determina que existe una circunstancia agravante o atenuante de una clase, o en una medida, que no ha sido tomada adecuadamente en consideración por la Comisión de Sentencias al formular las normas", un juez puede "apartarse" de las reglas e imponer una sentencia apropiada bajo las circunstancias.

Los jueces deben declarar oficialmente, sin embargo, cuales son los hecho de un caso en particular que justifican un apartamiento de las normas. Estos hechos podrían ser revisados luego por un tribunal de apelaciones si el fiscal o el acusado decide apelar el caso, algo que tienen derecho a hacer si el apartamiento de las normas fue en su contra. La Ley de Reforma de Sentencias ha involucrado a los tribunales de apelaciones en el proceso de sentencia en un grado mucho más grande que antes de que se pusieran en efecto las normas de sentencia, al habilitar a los tribunales de apelaciones para revisar sentencias y asegurar por lo tanto que las normas se aplican de manera apropiada.

Opciones de sentencia

Como resultado de las normas, un juez que dicta sentencia debe decidir si enviará a un acusado a la cárcel o usará una de las opciones de sentencia que se le proporcionan. Los acusados declarados culpables de los delitos menos graves podrían ser condenados a simple libertad condicional, es decir, supervisión en la comunidad bajo la dirección de un funcionario de libertad condicional. Para delitos algo más graves, un juez podría escoger entre tres sanciones intermedias: confinamiento comunitario, confinamiento intermitente y detención domiciliaria. En el caso de delitos aún más graves, los jueces podrían imponer una "sentencia dividida" en la cual el acusado pasa un período breve en la cárcel y el resto de la sentencia bajo una de las sanciones intermedias.

El confinamiento comunitario significa residencia en un centro de tratamiento fuera de los muros de la prisión, como una "casa intermedia" o un centro de rehabilitación de drogas. El confinamiento comunitario podría ser impuesto en vez de tiempo en la cárcel, o como un medio de facilitar la transición de retorno a la comunidad después del tiempo pasado en la prisión. El confinamiento intermitente significa que el acusado tiene libertad para trabajar o vivir en su hogar durante parte de la semana pero debe pasar el tiempo en la cárcel durante los fines de semana.

El confinamiento domiciliario es la más nueva de las sanciones intermedias, y su uso ha aumentado drásticamente en los tribunales federales de Estados Unidos durante la última década. A partir de 1996, más de 18.000 presos federales pasaron algún tiempo bajo detención domiciliaria. Originalmente llamado "arresto domiciliario" (y desafortunadamente asociado en algunos países con la oposición política y la detención policial), el programa federal de confinamiento domiciliario es un sistema administrado judicialmente de castigo y control de delincuentes a quienes se considera suficientemente seguros para que vivan en sus propios hogares pero que requiere un alto grado de supervisión.

La nueva tecnología hace posible mejor vigilancia

En el sistema federal de justicia de Estados Unidos, la tecnología en forma de aparatos de control electrónico ayuda a hacer del confinamiento domiciliario una alternativa de sentencia severa y segura. Sin embargo, los aparatos de control electrónico no son necesarios para iniciar un programa de confinamiento domiciliario. En algunas ciudades, los funcionarios de libertad condicional simplemente llaman o visitan periódicamente los hogares de los delincuentes para asegurar que se encuentran allí. Pero el control electrónico proporciona a los jueces confianza adicional para usar el confinamiento domiciliario con delincuentes más peligrosos cuyo paradero quieren seguir de cerca.

Durante el confinamiento domiciliario el delincuente lleva un brazalete electrónico que se comunica mediante señales de radio con receptores instalados en las líneas telefónicas de su hogar. Si el delincuente se aleja más de 55 metros de los receptores, estos llaman automáticamente a las computadoras que los controlan. Las computadoras verifican los archivos para determinar si el delincuente estaba autorizado a salir de su casa a esa hora en particular. Si no lo estaba, se notifica al funcionario de libertad condicional del delincuente y comienzan las acciones para localizarlo. El equipo de control electrónico también detecta los intentos de sacar o alterar el brazalete transmisor que lleva el preso, o la pérdida de servicio telefónico con su casa. El criminólogo James M. Byrne ha observado que "la evidencia hasta la fecha indica que el confinamiento domiciliario podría ser una sanción intermedia viable, y el cumplimiento del control electrónico con las órdenes de confinamiento domiciliario parece funcionar por lo menos tan bien como los métodos manuales de control". En efecto, muchos delincuentes consideran que el confinamiento domiciliario es tan punitivo como la prisión. Algunos incluso se han negado a ser puestos bajo confinamiento domiciliario, prefiriendo pasar el tiempo en la cárcel donde hay más interacción social e instalaciones recreativas.

En 1996, el 93,5 por ciento de los reos en libertad condicional sentenciados a confinamiento domiciliario en el sistema federal completaron con éxito sus sentencias. Alrededor del 6 por ciento habían violado las reglas del programa, saliendo repetidamente de sus casas, dando resultados positivos en los análisis para detectar el uso de drogas o tratando de alterar el equipo electrónico.

El futuro de las sentencias federales

La presión política es grande cuandoquiera que la delincuencia representa un interés público importante y cuando las sentencias se consideran como solución al problema de la criminalidad. El Congreso continuamente ordena nuevas sentencias mínimas para ciertos tipos de delitos, en vez de permitir que las normas determinen cuales son las sentencias apropiadas. Y esas leyes con frecuencia le hacen más difícil a la Comisión establecer las reglas que aseguren imparcialidad y proporcionalidad entre las muchas clases de delitos sentenciados en los tribunales federales. Pero la Comisión, al entrar en su segunda década, está trabajando para encontrar maneras nuevas y mejores de cumplir con las metas gemelas de controlar la delincuencia y de tratar con justicia a las personas que violan la ley.