El juez Luis G. Pérez, del tribunal de menores de Worcester, Massachusetts, con frecuencia tiene que actuar como padre y amigo, además de juez, cuando decide en su tribunal el destino de menores. La periodista Kristin Helmore examina la manera en que el juez Pérez atribuye más importancia a la rectificación que al castigo en su trato de infractores juveniles.

Al juez Luis G. Pérez le gusta relatar una historia que destaca la manera en la que no se debe tratar a un joven delincuente. No mucho después de ocupar su cargo como juez de Primera Instancia del Tribunal de Menores del condado de Worcester, Massachusetts, en 1987, un funcionario del servicio de libertad condicional lo llamó aparte y le insisitó en que tratara con la mayor severidad a un joven de su programa que había sido arrestado por perturbar el orden público. El joven se había ausentado de la escuela durante un mes en violación de las condiciones de su período de prueba. El funcionario le dijo que el chico era un caso especialmente difícil y que necesitaba que le infundieran temor para obligarlo a cumplir la ley.

El juez Pérez escuchó el consejo y amonestó al joven sin piedad, le amenazó con aumentar su sentencia, lo que podía resultar en su encarcelamiento hasta cumplir los 21 años de edad, si no enmendaba su comportamiento. El joven se mantuvo de pie en el banquillo de los acusados sollozando a la par del movimiento tembloroso de sus hombros. Por fin el juez le preguntó en tono fuerte, ¿A dónde vas cuando no vas a la escuela?

"Al cementerio", contestó lloriqueando el chico.

El juez descubrió horrorizado que nadie se había molestado en averiguar que el padre del joven habia fallecido hacía un mes y que el desconsolado joven se pasaba todo el día al pie de la tumba llorando su pérdida.

De este incidente el juez aprendió dos importantes lecciones. Primero, que se aseguraría de que cada uno de los 85 empleados de su oficina hiciera su tarea y aprendiera todo lo más posible sobre las vidas de los jóvenes a los que prestaban sus servicios. Segundo, que a cada menor que se encuentra en el sistema judicial hay que tratarlo con consideración, "como un ser humano".

Buena compenetración

La sala de tribunal del Honorable Luis G. Pérez en esta ciudad, la segunda ciudad más grande de Nueva Inglaterra (la población del área metropolitana de Worcester es de unos 170.000 habitantes), es un lugar sencillo y poco pretencioso, y el Juez Pérez es un hombre modesto. El juez, vestido de toga negra, se coloca en el estrado, en el lugar más alto de la baja estructura piramidal hecha de madera virgen. En el nivel más bajo están los abogados, fiscales y funcionarios de libertad condicional, y dos secretarios con la mirada fija en la pantalla de una computadora.

Hoy día habla con voz afable y un tono suave. Hace una serie de preguntas de carácter personal al joven, y no es raro que trate de mediar entre un menor y sus padres en cuestiones de comportamiento en el hogar. Se nota que hay una buena compenetración entre el juez y los empleados de la corte. Todos se ponen de pie antes de dirigirle la palabra y le dan el tratamiento de "Su Señoría", pero el ambiente que prevalece es de compañerismo y no se impone la jerarquía. Entre un caso y otro, es normal la conversación y las bromas entre amigos.

Las paredes de la sala están pintadas de un rosa pálido característico de las instituciones públicas. En una esquina de la sala, detrás del juez, hay una bandera norteamericana. Junto a ella, y pegados a la pared, hay dibujos hechos por niños sobre la violencia, el uso de drogas, las pandillas y otros males que aquejan a la sociedad moderna. Las paredes son de tan poco grosor que a veces el juez tiene que decir al oficial de la corte que pida a los que llenan a capacidad la ruidosa sala de espera que hagan silencio.

Un día normal

Cada vez que el Juez Pérez atraviesa la sala de espera, se detiene brevemente para saludar a uno o dos jóvenes y a sus padres a los que ya conoce personalmente por sus repetidos incidentes de violación de la ley. A algunos les saluda en su lengua materna, el español; a otros en inglés fluido con el característico acento de Massachusetts. Hay varias puertas en esta sala de espera, pero a todas le han retirado la placa de metal barato que las identifica, lo que dificulta encontrar la sala que se busca. "Son los chicos", dice Pérez con una sonrisa traviesa. "Tienen que ser los chicos porque ¿a quién más se le ocurriría llevarse todos los rótulos?"

En un día normal, el juez Pérez preside en más de 40 casos. Hace poco, la lista de casos para una mañana incluía el nombre de una chica de 15 años que había sido arrestada por maltrato de palabra y obra con un arma peligrosa; dos chicos que manejaban un auto sin carnet de conducir; un joven de 16 años acusado de violar a una joven de 16 años; una joven de 15 años arrestada por posesión de 10 frascos de "crack" de cocaína; una joven de 15 años acusada de agredir a su madre con un cuchillo. Uno de los acusados es vietnamés y otro es blanco. La mayoría de ellos son de extracción hispana. En Worcester, los hispanos son la minoría más numerosa -- unos 20.000 habitantes -- de éstos, el 80 por ciento proviene de Puerto Rico. Hay unos 5.000 asiáticos y el mismo número de afronorteamericanos.

El tribunal absolvió al acusado en el caso de violación porque la víctima rehusó presentarse en corte. A los jóvenes que conducían sin permiso se les ordena que soliciten uno y que se presenten ante el juez en una fecha determinada. Todos los demás acusados son asignados al programa de libertad condicional. En el tribunal del juez Pérez, ello puede conllevar una serie de condiciones, entre ellas arresto domiciliario, restricciones para mantener separados a enemigos, asistencia con regularidad a la escuela, un toque de queda a las 18:00 horas, reuniones programadas con funcionarios de libertad condicional, asistencia a uno de los más de diez programas de educación especial que el tribunal les ofrece a los chicos que están en libertad condicional, y sentencias alternativas, como la prestación de servicios comunitarios durante un número específico de horas. Se evita la detención siempre que sea posible. Para el juez Pérez, que creció en condiciones similares a la de muchos de estos jóvenes, el encarcelamiento sólo complica el problema.

Ayuda para jóvenes con problemas

"Cuando se empieza a encarcelar a los jóvenes, se corre el riesgo mucho mayor de tener que volver a encarcelar a esos mismos jóvenes una y otra vez", dice Pérez. "El ponerse duro con los jóvenes y tratarlos como adultos no resuelve el problema. Sólo lo agrava. Lo único que se consigue es una población más joven en la cárcel y una población de más edad que se queda en la cárcel. Cuando se encarcela a la gente, se convierten en personas peores y no mejores".

Ayudar a los jóvenes con problemas a ser "mejores personas" es el objetivo del juez Pérez. Después de todo se identifica mucho con ellos. El llegó a Worcester procedente de Puerto Rico en 1960 a los 10 años de edad y no hablaba inglés. Debido a ello, le bajaron dos cursos por sus dificultades con el idioma. Su padre se había jubilado y su madre, que había abandonado la escuela en tercer grado para ayudar a mantener a su familia, era quien trabajaba. Cuando cursaba estudios en la escuela superior vió como un amigo suyo era acuchillado a muerte. "Sé por lo que pasan estos jóvenes", dice él. "Me hubiera sido fácil tomar ese mismo camino".

Un efecto mayor

Es difícil concebir que Pérez hubiera tomado ese camino cuando se lo ve hoy. Alto y bien vestido, cabellos oscuros y ondulados que empiezan a escasear, bigote grueso y oscuro, y gafas de metal, podría ser lo mismo un hombre de negocios que un abogado. Regresa a Puerto Rico siempre que puede y espera vivir ahí después de jubilado.

"Siempre he tomado parte en la comunidad", dice Pérez mientras come medio emparedado y una sopa en el Café de Lucky, un lugar amistoso al frente del tribunal. El juez es cliente regular de este establecimiento, ubicado en un edificio que antes era una fábrica y ahora ha sido convertido en café. El tribunal de menores, un enorme edificio cuadrado de ladrillos, era donde antes se hacía el cambio de tranvías. "Siempre he sido el tipo de persona que ha tratado de poner la justicia a disposición de todos", continúa diciendo el juez, "de abrir las puertas de la discriminación a las personas, de tratar de hacer de este mundo un mejor lugar para todos".

Mientras era estudiante y un joven abogado dirigió varias campañas para mejorar la suerte de las minorías, y trabajó para asegurar que las escuelas aplicasen las leyes de educación bilíngüe. También supervisó los esfuerzos para redistribuir los distritos electorales de Worcester de manera que se representara mejor la diversidad de la población. Tenía una idea clara de todo lo que quería lograr, pero nunca pensó en el tribunal de menores.

"Fue un buen amigo mío, un sacerdote, el que me convenció", dice. "Me habían ofrecido la plaza de juez del tribunal de menores y la había rechazado. Así que me llamó por teléfono, tomamos juntos el desayuno y me dijo: `¿Dónde te parece que vas a desempeñar una función más significativa para el futuro de esta ciudad? ¿Quieres tener un efecto mayor? Ten un efecto sobre nuestros jóvenes. Son el futuro'". Pérez agrega con una sonrisa que "después de diez años de ser juez, puedo decir que él tenía toda la razón".

Labor en la comunidad

He aquí un hombre que ama su trabajo. Puede que esté trabajando con una complicada red de problemas sociales aparentemente insolubles y una serie de tragedias humanas que parecen no tener fin, pero mantiene su sentido de humor porque ha visto la efectividad de su enfoque: trabajar con la comunidad dentro de la misma comunidad. Aplicar normas estrictas a los jóvenes desde una edad temprana, exigir responsabilidad y rendición de cuentas de ellos, y proporcionales la información que les ayudará a adoptar las decisiones acertadas para su vida. Colocarlos en un contexto en el que puedan desarrollar el amor propio y un sentido de satisfacción por haber cumplido sus aspiraciones, en lugar de dar paso a la frustración y a la agresión.

Cuando habla sobre el trabajo dentro de la comunidad, el Juez Pérez quiere decir que los funcionarios de libertad condicional de su tribunal no sólo se sientan en sus escritorios ocho horas al día recibiendo las visitas programadas de sus clientes, como hacían antes bajo su predecesor. Ha sido una lucha ardua, pero finalmente los ha convencido de la importancia de salir a la calle, de visitar a los jóvenes en sus hogares, en sus escuelas, en el lugar donde trabajan y se divierten, a sus familias adoptivas. La frecuente presencia de estos funcionarios tiene un efecto estabilizador en los barrios de Worcester, y la tarea de seguir vigilando el comportamiento de los jóvenes se hace más fácil.

"Hace poco colocamos a un funcionario a jornada completa en una escuela", dice Pérez. "Su responsabilidad es trabajar con los padres de manera preventiva, en lugar de esperar a que los jóvenes lleguen al sistema judicial. Los funcionarios de libertad condicional también educan a los estudiantes sobre el tipo de comportamiento que esperamos de ellos. Están disponibles cuando el personal de la escuela afronta una situación crítica, y supervisan más directamente a los jóvenes que están bajo libertad condicional y que asisten a la escuela".

Para los casos verdaderamente dífíciles existe el brazalete, un aparato de vigilancia electrónica que se lleva en la muñeca y que hace posible que el funcionario de libertad condicional sepa en todo momento donde se encuentra el joven. El Departamento de Servicios para la Juventud de Massachusetts adquirió 10 de estos brazaletes a instancias de Pérez. Hasta la fecha, unos 200 jóvenes han llevado el brazalete durante su arresto domiciliario, lo que ahorra al estado unos 100.000 dólares además del costo de su encarcelamiento.

Arte y no grafiti

La colaboración de esta índole con una institución social clave es otro punto destacado de la labor comunitaria del juez Pérez. Los tribunales, los organismos estatales, la policía, las escuelas y el gobierno de la ciudad tradicionalmente han funcionado aislados unos de otros, y experimentaban considerable tensión cuando uno entraba en el terreno del otro. "Si todos trabajamos unidos", añade él, "si nos sentamos a la mesa y discutimos nuestros problemas comunes, todos podemos trabajar más efectivamente". Pérez, por su cuenta, ha trabajado en estrecha colaboración con la policía en la cuestión de las pandillas, realizando investigaciones para identificar las pandillas y sus actividades, y elaborando estrategias para minimizar la violencia de las pandillas y evitar que se formen otras.

También ha trabajo con la policía y empresas locales en el problema del grafiti, para lo que se sigue una norma muy simple -- quien pinte grafiti tiene que limpiarlo. Como resultado de ello, se han dedicado horas de servicio comunitario a la limpieza de las paredes de Worcester. La ciudad tiene ahora poco grafiti y varios de los jóvenes interesados en esta forma de expresión pictórica han recibido becas del Museo de Arte de Worcester, "porque tenían talento", dice el juez Pérez. "Sólo había que canalizarlo mejor. Ahora asisten a clases de arte, pero primero tuvieron que pasar horas limpiando las paredes como servicio comunitario".

El concepto de la intervención

Rectificar y no castigar. La prevención antes de la reacción. Es por ello que Pérez no impuso un castigo al joven vietnamés que conducía un auto a las 2 de la mañana por las calles de Worcester sin carnet de conducir. "Si hubiera dictaminado que había delinquido, el chico no tendría oportunidad de obtener un carnet hasta cumplir los 21 años de edad", explica el juez. "¿Entonces que haría? Pues aquí tenemos a un joven de 16 años que no puede trabajar. Hay transporte público, pero en la mayoría de las rutas pasa un autobús a cada hora. Entonces, ¿qué hace? Se frustra. No puede conseguir trabajo. ¿A qué se dedica? Cuando hay dinero fácil sobre la mesa, ¿cómo decir no?"

Este es el concepto de intervención temprana. A temprana edad, se mantiene a los jóvenes a raya cuando se trata de incidentes de poca gravedad, se les da la oportunidad de rectificar su error y más tarde no se meterán en líos más graves.

Tómese el caso de la ausencia sin permiso de la escuela. El juez Pérez no tolera estas ausencias. En Worcester, un oficial de la policía tiene el derecho de arrestar a cualquier joven que vea en la calle durante el horario escolar. El joven tiene que prestar tres días de servicio comunitario, puede que limpiando los servicios sanitarios de su escuela. "Un aspecto de este concepto es que el comportamiento del joven acarrea consecuencias", dice Pérez. "Durante estos tres días el joven prestará un servicio a la comunidad y se le dará crédito por ello. Todas las partes afectadas se reúnen en nuestro centro cuando se trata de un caso de ausencia escolar -- los padres, el personal de la escuela, el funcionario de libertad condicional -- para hablar sobre el motivo por el cual el joven no estaba en la escuela".

Un cambio trascendental en su vida

De hecho, Pérez está tan interesado en resolver los problemas de los jóvenes a temprana edad que citó al Departamento de Educación de Worcester a su tribunal por incumplimiento de una orden que lo obligaba a investigar por qué una joven se había ausentado durante tres años de la escuela. Resultó que la habían referido a un programa de educación especial cuando cursaba el segundo grado, pero nunca había sido ingresada en el programa. "Esto era responsabilidad de alguna persona y esa persona no cumplió esa responsabilidad, no hizo lo que tenía que hacer", dice indignado el juez. No obstante, fue precisamente su confrontación con el Departamento de Educación lo que cambió la situación de aislamiento y falta de cooperación en la que cada institución había trabajado en el pasado.

"Como consecuencia de ello, llegamos a un acuerdo con las escuelas públicas de que se asegurarían de que cualquier caso de un niño que necesitara ingresar en un programa de educación especial, o que requiriera una evaluación, se atendería inmediatamente", añade el juez. A partir de entonces mi puerta siempre ha estado abierta para el departamento escolar. Les he dicho `Veamos cómo podemos colaborar'. Nos ocupamos de la ausencia escolar, de la educación especial, de cuestiones de violencia en las escuelas". Esto es lo que Pérez quiere decir cuando habla de una comunidad en acción.

Otra cuestión que se trató fue la de los jóvenes que portan armas a la escuela, lo que produjo una diferencia aparentemente irreconciliable entre él y las escuelas. Las escuelas de Worcester habían establecido la muy estricta norma de que cualquier joven que llevase un arma a la escuela sería suspendido por un año, sin excepción. Pérez dictaminó que era anticonstitucional privar a los niños de educación. El departamento escolar llevó el caso al Tribunal Superior de Massachusetts y se revocó la decisión de Pérez. Pérez luego utilizó otra táctica. Acordó con el superintendente de escuelas que se establecería una escuela especial para jóvenes con problemas en el mismo edificio del tribunal, en la planta encima de la sala donde Pérez hace su labor como juez todos los días. "Queríamos que los funcionarios de libertad condicional estuviesen disponibles para hacerles consultas y para trabajar con los jóvenes antes de ponerlos en libertad condicional".

"La mayoría de los jóvenes que se han convertido en elementos perturbadores de la población escolar están aquí en el piso de arriba. Hay más de 200. Es una escuela alternativa. Las aulas son pequeñas. Parece que funciona bien. A veces subo y les hablo a los chicos. Les digo `yo era como ustedes, pero cambié mi vida. Esta es mi vida ahora'".