Publicaciones electrónicas del Servicio
Informativo y Cultural de Estados Unidos
Vol. 1, No. 18, diciembre de 1996
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Hay una gran diferencia entre un gobierno elegido democrátiamente y un gobierno democrático.
Una vez que concluyen las elecciones comienza la difícil labor de gobernar bajo el imperio de la ley. La tarea de asegurar la imparcialidad de las leyes y su cumplimiento recae sobre un grupo de peritos de la jurisprudencia: fiscales, abogados y magistrados. De ellos, el magistrado y las diversas funciones que éste desempeña en un gobierno democrático han sido tema de constante debate.
¿Qué poder tiene un magistrado para revocar tras una cuidadosa revisión una decisión previamente adoptada por otra rama del gobierno? ¿Puede ser independiente un magistrado si su puesto y su presupuesto son totalmente controlados por una entidad de la rama ejecutiva? Al decidir un caso, ¿cómo puede protegerse un magistrado de la interferencia de la política? ¿Quién determina si una decisión jurídica se ajusta a la constitución según redactada o a decisiones anteriores?
Estas preguntas no son puramente teóricas. Los jueces de una democracia asumen la responsabilidad no sólo de negarle la libertad e incluso la vida a una persona, sino también de determinar la postura que adoptará la sociedad con respecto a cuestiones fundamentales. Por ejemplo, las recientes decisiones del Tribunal Supremo han versado sobre el aborto, la discriminación, acción afirmativa, leyes comerciales y laborales, y propiedad intelectual. Al igual que otras miles de decisiones jurídicas que diariamente se adoptan en los tribunales de Estados Unidos, éstas afectan las vidas de todos los ciudadanos.
En esta publicación se examinan algunas de las funciones que los magistrados han desempeñado en el sistema jurídico norteamericano y las salvaguardas que preservan la autonomía de los jueces dentro y fuera de la sala del tribunal. Stephen A. Breyer, Magistrado del Tribunal Supremo, estudia los diversos elementos que protegen la independencia jurídica y la forma en la que el sistema norteamericano intenta asegurar la integridad de este cargo. La juez Cynthia Hall describe en una entrevista con el redactor colaborador David Pitts, algunos de los problemas que afrontan los magistrados en Estados Unidos y en el exterior al desempeñar con efectividad sus funciones. Tres informes analizan las innovaciones en áreas que afectan en la actualidad al juez norteamericano: los tribunales de menores, la reforma de sentencia y la agilización del proceso judicial.
Si bien nuestro enfoque debe ser, por necesidad, de los aspectos técnicos de la aplicación de la justicia en Estados Unidos, el artículo sobre el tribunal de menores que preside el juez Luis G. Pérez en Worcester (Massachusetts) nos recuerda que detrás de la fachada impersonal que adopta una decisión legal está el carácter individual del juez y las características personales que entran en juego en esta labor tan delicada. En Estados Unidos, un juez es a la misma vez experto intérprete de la ley, gerente de personal, director del proceso judicial y a menudo árbitro de cuestiones sociales de trascendencia, y todo ello siempre bajo la mirada del público. Con estas obligaciones múltiples, el juez norteamericano -- a nivel local, estatal y federal -- contribuye a asegurar que la experiencia del ciudadano de la democracia no sea puramente teórica sino real.