"El enjuiciamiento de los terroristas seg・ prescribe la ley es un asunto lento, engorroso e ineficiente", dice el profesor Peter Raven-Hansen de la Facultad de Derecho de la Universidad George Washington. No obstante, Estados Unidos se atiene al imperio de la ley en la investigaci・ y enjuiciamiento en la lucha mundial contra el terrorismo. Estados Unidos ha respondido a los ataques terroristas con las mismas herramientas de la justicia penal: vigilancia, arresto, detenci・ y enjuiciamiento.

La historia de los pa・es donde no impera la ley no deja duda de c・o responder・n a un ataque terrorista. El gobierno proceder・ a declarar un estado de emergencia nacional para invocar nuevas medidas y poderes con car・ter de "emergencia". La polic・, que secretamente ya efectuar・ el rastreo de muchos ciudadanos, ampliar・ la vigilancia en la b・queda de los perpetradores del ataque. Tambi・ arrestar・n sin demora a sospechosos, posibles testigos y quiz・ a disidentes y cr・icos del r・imen. Se detendr・ a los arrestados en celdas de aislamiento y posiblemente se les maltratar・ para obligarles a hablar. Por ・timo, pero antes que nada, las autoridades secretamente decidir・n qui・ es culpable (o a qui・ se debe declarar culpable) para luego anunciar ese veredicto en juicios de exhibici・, seguidos de ejecuci・ o una larga condena de c・cel. Una respuesta que no atiende a las leyes ser・ r・ida y al parecer eficiente porque ser・ la decisi・ personal de un individuo o de una camarilla cuyas ・denes son la "ley" para sus subalternos.

Estados Unidos ha respondido a los ataques terroristas con las mismas herramientas de la justicia penal: vigilancia, arresto, detenci・ y enjuiciamiento. Pero en un estado donde impera la ley en lugar de la autoridad personal, estas herramientas no las elaboran el presidente Bush y sus asesores legales. Su autoridad proviene de las leyes contenidas en la Constituci・ de Estados Unidos, la legislaci・ aprobada por el Congreso y las normas del ejecutivo. Adem・, salvo en contadas excepciones, los ・icos "poderes de emergencia" son los que las leyes previamente aprobadas por el Congreso le confieren al presidente, no los que ・ se adjudique porque los considere necesarios. Y si las herramientas que proporciona la ley resultan ser demasiado lentas y engorrosas para hacer frente a la amenaza terrorista, deber・ ser cambiadas mediante un proceso legislativo p・lico, y no por orden presidencial.

VIGILANCIA

La Constituci・ de Estados Unidos protege a los ciudadanos de ser sometidos a "registro e incautaci・ arbitrarios". Para que un registro policial sea justificable ・ya sea f・icamente en un domicilio o por intervenci・ electr・ica de tel・onos u otras comunicaciones ・se requiere, por regla general, la autorizaci・ previa de un juez al que se le presenta causa probable para suponer que se encontrar・ pruebas de un delito. Las pruebas que se obtienen en violaci・ de estas normas pueden descartarse en los tribunales.

Sin embargo, el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha reconocido que la obtenci・ de informaci・ de inteligencia sobre seguridad se diferencia de la obtenci・ de pruebas de un delito, en parte porque esta informaci・ es necesaria para prevenir el espionaje o terrorismo y no s・o para resolver casos de delitos cometidos. Por lo tanto, el Congreso ha aprobado una ley que hace posible que jueces independientes autoricen la vigilancia cuyo prop・ito es obtener inteligencia sobre extranjeros con una demostraci・ menos contundente de causa probable. El gobierno s・o debe demostrar que hay causa probable para suponer que el objetivo de la vigilancia es un agente extranjero o un terrorista internacional.

Este tipo de vigilancia de inteligencia de extranjeros ya se llevaba a cabo en Estados Unidos antes de los ataques del 11 de septiembre y, en realidad, hab・ provisto pruebas importantes contra los terroristas que fueron enjuiciados por las bombas que estallaron en 1998 en las embajadas estadounidenses en Tanzan・ y Kenya. Sin embargo, la ley que estaba en vigor antes del 11 de septiembre restringi・tambi・ la vigilancia. Por ejemplo, los peri・icos de Estados Unidos informan que antes del 11 de septiembre, el gobierno no pudo justificar la vigilancia de uno de los hombres ahora bajo sospecha de participar en el atentado del 11 de septiembre. Adem・, la ley sobre vigilancia de extranjeros en vigor antes del 11 de septiembre era, en ciertos aspectos, tecnol・icamente obsoleta. Ten・ el prop・ito de aplicarse principalmente a interceptaciones tradicionales de l・eas telef・icas y no se ajustaba bien al correo electr・ico u otros medios de comunicaci・ desarrollados despu・ de la puesta en vigencia de la ley.

Por consiguiente, la administraci・ Bush pidi・al Congreso hacer cambios a esta ley despu・ del atentado del 11 de septiembre. Debido a que el proceso de formulaci・ de leyes es p・lico, as・tambi・ lo fue el debate resultante el Congreso y en los medios de comunicaci・ de Estados Unidos. Los defensores de la privacidad se resist・n a los cambios que pretend・ la administraci・, mientras que los proponentes de una mayor seguridad los promov・n. Al final, las diferentes posturas llegaron a un compromiso para aprobar la nueva ley que ampl・ la vigilancia por motivos de seguridad. Sin embargo, la nueva ley no aprueba una vigilancia libre de restricciones, que es lo que se espera de un estado totalitario. Todav・ se requiere la autorizaci・ de un juez para hacer vigilancia por motivos de seguridad contra agentes extranjeros o terroristas internacionales, con protecciones especiales en muchos casos para los ciudadanos estadounidenses, aun tiene limitaciones.

ARRESTO Y DETENCI・

En las primeras siete semanas de investigaci・ despu・ de los atentados del 11 de septiembre, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) detuvo a unas 1.100 personas. Sin embargo, la Constituci・ de Estados Unidos protege a las personas contra "incautaci・" arbitraria -- arresto y detenci・ ・as・como registros arbitrarios. No existe una ley que autorice la "detenci・ preventiva"; es decir, detener indefinidamente a una persona para evitar que cometa un delito en el futuro, salvo a extranjeros enemigos en caso de guerra. La polic・ puede detener a alguien para interrogarle, pero solo si existe la sospecha justificada de que es o ser・part・ipe de una actividad criminal, y s・o podr・detenerle provisionalmente antes de formular cargos en su contra por un delito.

La mayor・ de los arrestos de las 1.100 personas detenidas se adher・n a esta norma, pero no porque exist・ sospecha justificable de su participaci・ en el atentado del 11 de septiembre. M・ bien fueron arrestados por sospecha de cometer lo que el secretario de Justicia ha calificado de "escupir en la acera", lo que equivale a delitos menores como violaciones de tr・ico, uso de documentos falsos de identidad o fraude de tarjetas de cr・ito. La detenci・ sin fianza de personas sospechosas de cometer delitos menores no es algo usual y a menudo la acusaci・ por estos delitos no conlleva una condena de c・cel. Por consiguiente, las detenciones por "escupir en la acera" han sido tema del creciente debate en los medios de informaci・, y los defensores de las libertades civiles han insistido en que el gobierno ha emprendido una pol・ica sin precedente y controvertida, en t・minos jur・icos, de detenciones preventivas para hacer frente a la amenaza del terrorismo.

Otros 200 detenidos son extranjeros de los que se tiene la sospecha justificable de que han cometido violaciones inmigratorias, por ejemplo, han permanecido en el pa・ m・ tiempo de lo que su visa de estudiante les permit・. Sin embargo, antes del 11 de septiembre las personas bajo sospecha de haber "extendido su estancia" en el pa・ por poco tiempo casi nunca eran detenidas por m・ de un breve per・do en lo que se iniciaban los procedimientos judiciales de inmigraci・. La continua detenci・ de estos extranjeros por la investigaci・ del 11 de septiembre tambi・ ha sido criticada como una detenci・ preventiva.

No obstante, hay una diferencia cr・ica entre la captura en gran n・ero y sin restricciones de sospechosos y disidentes, que es de esperarse en un estado totalitario, y las detenciones realizadas despu・ del 11 de septiembre. La diferencia es que el gobierno de Estados Unidos se ha visto obligado a justificar p・lica y legalmente sus arrestos, aun cuando sus justificaciones han sido motivo de cr・ica. Adem・, los detenidos tienen derechos en virtud de las leyes estadounidenses mientras permanecen bajo arresto. Un detenido tiene derecho a consultar a un abogado y, si se le acusa de un delito, tiene el derecho a que se le nombre un abogado a costa del gobierno. El Departamento de Justicia sostiene que ha informado a cada detenido de sus derechos, si bien hay dudas de cu・ f・il se le ha hecho a los detenidos ejercer esos derechos. Los detenidos tienen tambi・ el derecho a que se les proteja de maltrato f・ico durante su detenci・. Nadie ha presentado una querella cre・le de que se haya violado ese derecho.

Bajo el imperio de la ley, usualmente es preferible cambiar la ley cuando ・ta ya no atiende requerimientos sociales, en lugar de desvirtuarla no digamos violarla. En realidad, el secretario de Justicia solicit・al Congreso nuevas facultades para detener indefinidamente a una persona si existe motivo para creer que esa persona es terrorista o que probablemente cometer・un acto terrorista. No obstante la emergencia provocada por el terrorismo, el Congreso rechaz・esa solicitud al poner en duda que esa ampliaci・ de los poderes de detenci・ fuera necesaria o constitucional. En lugar de ello, le ha concedido una autoridad nueva, pero limitada, para detener a ciudadanos extranjeros por breves per・dos antes de comenzar procedimientos judiciales de inmigraci・ en su contra.

JUICIOS

La Constituci・ de Estados Unidos garantiza un gran n・ero de derechos importantes a la persona acusada de un delito. Primero, y quiz・ el m・ importante, es que tiene derecho a un juicio p・lico y sin demora. Tiene derecho a confrontar a los testigos y acceso a las pruebas en su contra. Tiene derecho a un abogado a costa del gobierno. Tiene derecho a pedir un jurado de ciudadanos corrientes e imparciales que decida si las pruebas demuestran su culpabilidad "m・ all・de una duda razonable". Y tiene derecho a ver cualquier prueba que el gobierno haya descubierto que pueda ser presentada como evidencia de su inocencia.

Estos derechos les fueron provistos a los terroristas enjuiciados en tribunales de Estados Unidos por el atentado con bombas en 1993 contra el Centro Mundial del Comercio, el atentado de 1995 en la ciudad de Oklahoma y los atentados en las embajadas en 1998. En este ・timo incidente, por ejemplo, los abogados de los reos -- acusados junto con Osama ben Laden de ser miembros de la red al-Qaida -- lograron que, durante el juicio que se prolong・durante cinco meses, se desestimaran algunos cargos criminales, se declarara ilegal parte de la vigilancia y algunas de las pruebas en su contra se declararon inadmisibles. Sin embargo, tras escuchar el testimonio de 205 personas, el jurado determin・sin lugar a duda razonable, que los acusados eran culpables del atentado con bombas contra las embajadas estadounidenses.

A pesar del historial de ・itos del gobierno contra el terrorismo, no ha estado exento de problemas. Una de las principales desventajas de enjuiciar a los terroristas es que parte de las pruebas en su contra (pruebas que tienen derecho a ver) puede haber sido obtenida de fuentes y por m・odos secretos de los servicios de inteligencia. El revelar estas pruebas puede poner en peligro tales fuentes y m・odos. En uno de los casos de procesamiento legal contra el terrorismo, por ejemplo, el gobierno deb・ revelar pruebas obtenidas mediante la intervenci・ electr・ica de comunicaciones de la red al-Qaida. Poco despu・ de su revelaci・, la red dej・de usar ese canal de comunicaci・ y se perdi・esa fuente de informaci・ de inteligencia.

La soluci・ obvia a este riesgo -- el mantener en secreto las pruebas del acusado y de su abogado -- est・prohibido por las leyes de Estados Unidos. Sin embargo, en los procesos de inmigraci・ que no entra・n delito y que buscan la remoci・ de Estados Unidos de un ciudadano extranjero que se sospecha es terrorista, el gobierno ha intentado utilizar estas pruebas secretas cuando ha sido necesario para proteger las fuentes y m・odos de inteligencia. Sin embargo, el uso de estas pruebas secretas tambi・ puede ser ilegal. Por lo menos, tres tribunales menores han rechazado decisiones en tales casos de inmigraci・ debido a que la utilizaci・ de estas pruebas secretas viola el derecho de los ciudadanos extranjeros al proceso legal establecido garantizado por la Constituci・. Pero estas decisiones no determinaron si se le permitir・al gobierno utilizar pruebas secretas en otras partes del pa・ y el Tribunal Supremo -- que podr・ emitir un dictamen que se aplicar・ a toda la naci・ -- todav・ no lo ha hecho.

Por lo tanto, antes del 11 de septiembre, algunos miembros del Congreso propusieron una ley que habr・ prohibido a las autoridades de inmigraci・ utilizar pruebas secretas. Despu・ del 11 de septiembre, el apoyo para esa ley se ha evaporado, por lo menos por el momento. Por ende, los tribunales deben seguir decidiendo caso por caso si se podr・ utilizar pruebas secretas en procedimientos judiciales de inmigraci・ hasta tanto el Tribunal Supremo no dictamine sobre esta cuesti・.

CONCLUSION

El enjuiciamiento de los terroristas de conformidad con la ley es un asunto lento, engorroso e ineficiente. Puede que sea tambi・ infructuoso, si se suprimen pruebas claves debido a que fueron obtenidas por medios ilegales de vigilancia, si el gobierno decide no tomar el riesgo de revelar la fuente y los m・odos de obtener inteligencia o si las pruebas no demuestran culpabilidad m・ all・de la duda razonable (aun cuando demuestre que con toda probabilidad el acusado es culpable). Pero como dijo el Tribunal Supremo al decidir si deb・ poner en libertad a un terrorista que fue enjuiciado ilegalmente durante la Guerra Civil:

En su b・queda de la protecci・ contra los terroristas, Estados Unidos nunca renunciar・a la protecci・ de la ley.

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Principio de p・ina