Estados Unidos tiene la obligación legal y moral de pagar sus cuentas atrasadas con las Naciones Unidas, dice Birenbaum. El cumplimiento de nuestro compromiso con las Naciones Unidas, observa, beneficia intereses importantes de la política exterior estadounidense y permite al país compartir "la carga y la responsabilidad del liderazgo del mundo". Birenbaum fue embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas para asuntos de administración y reforma de la Organización, de 1994 a 1996. Actualmente es presidente de la Junta Directiva de la Coalición de Emergencia para el Apoyo Financiero Estadounidense a las Naciones Unidas y socio de la firma de abogados Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson, en Washington.

Estados Unidos debe cancelar a las Naciones Unidas sus pagos atrasados.

Esa es nuestra responsabilidad legal de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas. Como el principal proponente mundial del imperio de la ley, no podemos hacer menos.

Es además nuestra obligación moral. El grueso de estos atrasos corresponde a operaciones de mantenimiento de paz en cuyo favor abogó Estados Unidos ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Cuando no pagamos a las Naciones Unidas éstas, a su vez, no pueden pagar a los países que suministraron los mantenedores de paz. De manera que estos países, algunos de ellos pobres, terminan financiando la deuda estadounidense con las Naciones Unidas. Las grandes naciones, como los grandes pueblos, deben cumplir su palabra.

El cumplimiento de nuestros compromisos con las Naciones Unidas es útil para importantes intereses de la política exterior estadounidense. Necesitamos a las Naciones Unidas como vehículo para compartir la carga del liderazgo, en momentos en que Estados Unidos tiene responsabilidades mundiales de gran importancia. Necesitamos a las Naciones Unidas como plataforma para resaltar los valores caros a los estadounidenses: promoción de un mundo más pacífico, ampliación del imperio de la ley, propagación del dominio de la democracia, protección de los derechos humanos, alivio del sufrimiento humano y apoyo al desarrollo sostenible.

Las Naciones Unidas no siempre han sido un vehículo eficaz para llevar a cabo estas misiones. Requieren reformas y reestructuración completas que les ayude a cumplir mejor con sus responsabilidades. Y bajo la dirección de su nuevo Secretario General, Kofi Annan, quien está inclinado a la reforma, la Organización (aprovechando logros recientes como un presupuesto autorizado de crecimiento nulo, la creación del cargo de inspector general, las reducciones de personal y papeleo, las reformas en la administración y el mantenimiento de paz), está próxima a instituir las reformas más importantes de su historia. Sin embargo, no es probable que ello suceda a menos que Estados Unidos, el principal proponente de las reformas, demuestre su compromiso con las Naciones Unidas pagando lo que debe.

Podríamos ofrecer varias razones para la negativa del Congreso estadounidense a asignar los fondos necesarios para cumplir nuestras obligaciones con las Naciones Unidas. Los fracasos de las extensas y controvertibles operaciones de mantenimiento de paz en Somalia y Bosnia socavaron la voluntad política de pagar. La creencia, muy difundida, de que las Naciones Unidas es una organización despilfarradora, ineficiente e ineficaz, es otro motivo. La hostilidad ideológica contra las Naciones Unidas y la aversión, más generalizada, al gasto que no sea interno, ha tenido también influencia. Finalmente y lo que es decisivo, la financiación de las Naciones Unidas, considerada discrecional, fue una de las víctimas de la batalla del presupuesto. ¿Después de todo, qué miembro del Congreso querría defender la idea de que el dinero de los contribuyentes debe gastarse en fuerzas de policía para las calles de Sarajevo antes que para las calles de Sacramento?

Y llegamos así al meollo de la cuestión. Por algún tiempo el Congreso, bien sea que estuviera controlado por los republicanos o los demócratas, trató la financiación de las Naciones Unidas como un gasto discrecional. Pero no lo es. Junto con todos los demás Estados miembros, Estados Unidos asumió la obligación legal de compartir los gastos de las Naciones Unidas "tal como lo asigne la Asamblea General de conformidad con el artículo 17 de la Carta". Esa obligación tiene valor igual al deber de los países de "aceptar y llevar a cabo las decisiones del Consejo de Seguridad", que impone el artículo 25, y de conformar su conducta a las normas establecidas por la Declaración de los Derechos Humanos. Y jurídicamente no se distingue de toda una gama de otros compromisos internacionales adquiridos por este país.

El régimen del artículo 17 fue examinado por la Corte Internacional de Justicia en 1962 en relación con una opinión consultiva sobre la responsabilidad de la Unión Soviética y Francia de pagar por las operaciones de mantenimiento de paz en el Congo. Los soviéticos y los franceses sostenían que no les obligaba pagar porque la operación en el Congo había sido autorizada por la Asamblea General, no por el Consejo de Seguridad. La Corte, con el firme respaldo de Estados Unidos, rechazó este argumento y confirmó que las contribuciones asignadas según el artículo 17 constituían obligaciones legales de los Estados miembros de la ONU.

Hay quienes afirman que Estados Unidos, lejos de deberle a las Naciones Unidas, tiene derecho a un reintegro. Llegan a esta sorprendente conclusión compensando nuestras cuotas asignadas por las Naciones Unidas con las sumas gastadas unilateralmente por Estados Unidos en el apoyo de operaciones de mantenimiento de paz de la ONU. Dicha sumas, que exceden ampliamente nuestras contribuciones atrasadas, no formaron parte de los presupuestos de la ONU para el mantenimiento de paz y, por tanto, nunca fueron aprobadas por los otros Estados miembros. No obstante, si se acepta este argumento, a estos países se les exigiría que compartieran en su pago. Lo que es más, el apoyo estadounidense fue voluntario, de manera que demandar ahora un reintegro sería revocar retroactivamente la base sobre la que se proveyó.

Esta teoría, desde luego, sería aplicable igualmente a todos los Estados miembros de la ONU. No somos el único país que apoya el mantenimiento de paz de la ONU suministrando, en forma voluntaria, toda una variedad de servicios fuera del presupuesto de dichas operaciones. Todos ellos enviarían cuentas a las Naciones Unidas y a Estados Unidos, que actualmente tiene asignada una contribución de 31 por ciento de los costos del mantenimiento de paz de la ONU, se le cobraría una porción leonina. Por ejemplo, se podría esperar una cuenta por la operación italiana en Albania. Se nos podría pedir que la pagáramos, aunque nunca hemos visto, y muchos menos aprobado, el presupuesto de la operación. De paso, el presupuesto del mantenimiento de paz se convertiría en una tarjeta de crédito para los Estados miembros, se destruiría toda disciplina presupuestaria y el mantenimiento de paz de la ONU sería diezmado.

Esto no es lo que quiere el pueblo estadounidense. Según varias encuestas recientes de opinión pública, el apoyo a las Naciones Unidas, que llegó a un punto máximo de 77 por ciento a raíz de la Guerra del Golfo, se ha estabilizado a alrededor de 65 por ciento, muy por encima del que se otorga a la OTAN, el Congreso o el sistema judicial estadounidense. Lo que es realmente digno de mención al respecto es la constancia de ese apoyo, no obstante los fracasos en Somalia y Bosnia e independientemente de la entidad que haga la encuesta.

El significado es inequívoco, el pueblo estadounidense no quiere "parar el mundo y apearse". Pero tampoco está preparado para "soportar cualquier carga y pagar cualquier precio". Considera las Naciones Unidas un instrumento muy útil para compartir el peso y la responsabilidad del liderazgo mundial y para realzar los valores estadounidenses.

Actualmente el presidente Clinton estudia con el Congreso un plan para pagar nuestras cuentas atrasadas en un período de dos años. El plan requeriría que el Congreso asignara los fondos este año. No hay tiempo que perder. Si no actuamos en 1997, después de que prevaleció nuestra preferencia en la selección del nuevo Secretario General de la ONU, es probable que la reacción de otros países a nuestro continuo incumplimiento en nuestros pagos provoque un ciclo negativo de represalia y retribución. Esto sólo puede tener una resonancia contraproducente en el Congreso. Entre tanto, la crisis financiera de las Naciones Unidas no puede menos que empeorarse, poniendo en duda la existencia misma de la Organización.

Por todo lo anterior, numerosos exfuncionarios gubernamentales y organizaciones no gubernamentales han tomado la iniciativa de formar un nuevo grupo, la Coalición de Emergencia para el Apoyo Financiero Estadounidense de las Naciones Unidas, a fin de trabajar por la cancelación a las Naciones Unidas de los pagos atrasados de Estados Unidos. La Misión de la Coalición de Emergencia es traducir el apoyo público a las Naciones Unidas en acción política legislativa. Esta misión tiene el respaldo de unas 100 organizaciones y de un consejo de liderazgo bipartidario de 40 miembros, que incluye todos los ex secretarios de estado; ex miembros del Congreso de ambos partidos y líderes empresariales, laborales, profesionales, religiosos y cívicos. Estamos decididos a lograr nuestro objetivo este año.