Los negociadores reunidos en la Conferencia sobre Desarme (CD), que se celebra en Ginebra, trabajan contra el reloj para concluir, para finales de junio, el Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares (TPCE), acuerdo internacional que prohibiría para siempre todas las explosiones de ensayo de armas nucleares. Lograr una prohibición de los ensayos sería un gran paso adelante para frenar la proliferación de las armas nucleares.
Los negociadores creen que en este momento existe un "período de oportunidad" único para concluir el tratado, pero el éxito no es seguro. La Conferencia sobre Desarme funciona basada en el consenso, lo que significa que todos sus miembros deben estar de acuerdo con el texto final del tratado, o por lo menos convenir en remitir éste a la Asamblea General de la ONU para su consideración. Al terminar la primera parte del período de sesiones de la Conferencia, en marzo de 1996, parecía que varios países adoptaban posiciones inaceptables para otras delegaciones.
Una propuesta, que no es aceptable para Estados Unidos y otras naciones, insiste en vincular este Tratado a un marco cronológico para el desarme nuclear. Otra propuesta requiere que el Tratado permita las llamadas "explosiones nucleares pacíficas". Estados Unidos y otras delegaciones están de acuerdo en que este Tratado debe prohibir todo tipo de explosiones nucleares. Otra controversia por resolverse tiene que ver con la decisión de qué países y cuántos tendrían que ratificar el Tratado para que éste entre en vigencia.
El Tratado debe concluirse durante el actual período de sesiones de la CD (mayo 13-junio 28) para que pueda ser abierto a la firma, como se ha planeado, la víspera de la 51ra Asamblea General de las Naciones Unidas.
Estimulados por el creciente interés en los tribunales ad hoc de crímenes de guerra para Rwanda y la ex Yugoslavia, los representantes de unos 120 países se reunieron en Ginebra en abril y convinieron en que ha surgido un consenso internacional sobre la creación de un tribunal penal internacional permanente.
Para finales de su reunión de tres semanas, los representantes habían revisado un proyecto de estatuto y habían recogido documentos de posición para ser examinados por los gobiernos antes de reunirse nuevamente, en agosto, para concluir el plan preliminar que será sometido a la 51ra Asamblea General de las Naciones Unidas este otoño. De ser aprobado el plan por la Asamblea, se convocaría una conferencia internacional, quizá tan pronto como el año entrante, para crear el nuevo tribunal.
A pesar de la presión que se ha ejercido para que se incluyan delitos como terrorismo y el tráfico de drogas, parece que existe un consenso general en que dicho tribunal debe limitarse a los "crímenes básicos" que preocupan a la comunidad internacional, a saber, el genocidio, los crímenes contra la humanidad y los crímenes de guerra. Se debaten además otras cuestiones: si la jurisdicción del tribunal comprendería las guerras civiles, si el Consejo de Seguridad de la ONU sería el organismo principal por medio del cual se llevarían los casos ante el tribunal o si el fiscal principal tendría competencia para averiguar en forma independiente sobre tales casos y, si se permitiría la ley de prescripción.
El delegado estadounidense, Jamison Borek, dijo que el presidente Clinton "apoya en principio la creación de un tribunal con la función debida para el Consejo de Seguridad".
El 52do. período de sesiones de la Comisión de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que tuvo lugar del 18 de marzo al 26 de abril en Ginebra, examinó la observancia de los derechos humanos en todo el mundo y aprobó resoluciones al respecto sobre Cuba, Sudán, la ex Yugoslavia, Birmania, Irán y Nigeria, entre otros. Respaldó también una resolución que critica fuertemente la situación de los derechos humanos en Irak.
Sufrió un revés, sin embargo, cuando la delegación china logró bloquear la consideración de una resolución que habría expresado preocupación por la situación de los derechos humanos en China. John Shattuck, secretario de Estado adjunto para la democracia, los derechos humanos y asuntos laborales, acusó a China de intentar crear dentro de la Comisión un "criterio doble" ejerciendo su influencia diplomática y económica para bloquear el escrutinio de su conducta en cuanto a los derechos humanos.
La reunión de 1996 de la comisión reveló la existencia de una tendencia creciente hacia la incorporación de los derechos humanos de la mujer en los informes sobre la observancia de los derechos humanos. Más de 40 resoluciones se refieren concretamente a los derechos humanos de la mujer y destacan problemas como la violación, la agresión sexual y la discriminación. Se prestó atención especial al segundo informe del Relator Especial sobre la violencia contra la mujer, que puso de relieve la situación de la mujer en tiempo de conflicto armado y que llevó a un importante debate sobre la cuestión de indemnización a las otrora "mujeres confortadoras", que los militares japoneses obligaron a la prostitución durante la Segunda Guerra Mundial.
Agenda de la Política de los Estados Unidos de América, Publicaciones Electrónicas de USIS, Vol. 1, No. 4, mayo de 1996