COMERCIO

Vía Rápida: La Casa Blanca planea proponer legislación al Congreso en septiembre para renovar la facultad del presidente de negociar acuerdos comerciales mediante el método de "vía rápida", que expiró en 1994. Conforme a ese método, el Congreso vota sobre los acuerdos comerciales dentro de un plazo y sin posibilidad de enmendarlos. Los funcionarios de la administración todavía están decidiendo si su proyecto incluirá aspectos sobre cuestiones laborales y del medio ambiente; republicanos importantes han dicho que rechazarán toda medida que inclusa esas provisiones. La vía rápida se considera esencial para negociar el ingreso de Chile en el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte, una de las metas claves de la administración Clinton.

Comercio con China: El presidente Clinton ha anunciado nuevamente una renovación por un año de la condición comercial de nación más favorecida (NMF) a China, que otorga a las mercancías chinas importadas en Estados Unidos el mismo tratamiento de aranceles bajos que a la mayoría de las mercancías provenientes de la mayoría de los otros países. Al igual que en años previos, los miembros del Congreso propusieron legislación para revertir la decisión, citando el historial de China en materia de derechos humanos y su creciente superávit comercial con Estados Unidos. Entre los críticos del presidente se cuentan el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado Jesse Helms y el jefe de la bancada minoritaria en la Cámara de Representantes Richard Gephardt, pero parece improbable la aprobación de un proyecto que le niegue la condición de NMF a China.

Tecnología de Codificación: La Comisión Judicial de la Cámara de Representantes aprobó legislación que reduciría los controles estadounidenses de exportación de los programas de computadora para codificación más avanzados. Antes de llegar al plenario de la Cámara de Representantes, la medida debe ser también revisada y aprobada por la Comisión de Relaciones Internacionales. El proyecto tiene bastante apoyo, pero es contrario a la política de la administración Clinton, que sólo permite la exportación de programas de codificación relativamente débiles hasta que la industria se comprometa a desarrollar un sistema que ponga a disposición de funcionarios policiales bajo ciertas circunstancias las "claves" para obtener acceso a la información codificada.

Sistema Generalizado de Preferencias (SGP): La administración Clinton ha solicitado al Congreso que apruebe una renovación por varios años del programa del SGP que permite la entrada sin pago de aranceles de algunas importaciones de países en desarrollo designados. El SGP técnicamente expiró el 31 de mayo de este año, pero la administración espera que el Congreso vuelva a autorizar el programa y recientemente extendió los beneficios del SGP a 1.783 productos adicionales de 38 países, la mayoría de ellos de los países africanos al sur del Sahara. En el pasado, la legislación de renovación del SGP hizo los beneficios del programa retroactivos para cubrir el período siguiente a la expiración.

Comercio con Africa: En un signo de deseo bipartidista para dar nueva forma a las relaciones comerciales de Estados Unidos con Africa, la Subcomisión de Relaciones Internacionales con Africa de la Cámara de Representantes adelantó legislación que, entre otras provisiones, aumentaría la ayuda de Estados Unidos a los países africanos al sur del Sahara, reduciría las barreras arancelarias, proveería la negociación de un área de libre comercio entre Estados Unidos y los países africanos al sur del Sahara, y crearía foros de Estados Unidos y Africa para tratar cuestiones de inversiones. Los partidarios de la medida dicen que el proyecto tiene buenas posibilidades de ser aprobado.

ASUNTOS INTERNACIONALES

Política exterior/Naciones Unidas: La Cámara de Representantes pospuso el 5 de junio su acción sobre un proyecto de ley de ayuda exterior de 16.000 millones de dólares, decidiendo en cambio pasar provisiones de esa medida a una nueva legislación para reestructurar la burocracia de política exterior de Estados Unidos y cubrir las contribuciones estadounidenses a las Naciones Unidas durante los próximos dos años. En el momento de su presentación el nuevo proyecto no tenía en cuenta la cuestión de los 1.000 millones de dólares que Estados Unidos debe actualmente a las Naciones Unidas. Otros aspectos controversiales de la medida incluyen una provisión que cortaría la asistencia estadounidense a los programas en el exterior que permiten la ejecución de abortos o los apoyan.