Conforme al sistema federal de Estados Unidos, la responsabilidad mayor de prevenir y controlar la delincuencia y mantener el orden tradicionalmente recae sobre los estados y las localidades. A lo largo de una gran parte de la historia de la Rep・lica y de conformidad con la 10ma Enmienda a la Constituci・, se reservaban los "poderes policiales", en su sentido amplio, a los estados. Hay muchos que todav・ sostienen este punto de vista, pero otros consideran la serie de fallos judiciales en las d・adas recientes como una base para un papel federal mucho m・ activo.
Quiz・ el factor m・ significativo detr・ del aumento de los poderes policiales federales ha sido la interpretaci・ m・ amplia de la "cl・sula comercial" de la Constituci・ (Constituci・ de Estados Unidos, Art・ulo I, Secci・ 8, Cl・sula 2), la que expl・itamente otorga al Congreso el poder de regular el comercio entre los estados y con el exterior. Una serie de fallos judiciales en este siglo ha establecido que el efecto que el comercio intraestatal tiene sobre el comercio interestatal puede justificar un planteamiento m・ inclusivo. Adem・, el Congreso y el Tribunal Supremo han demostrado una aparente disposici・ de considerar ciertos tipos de delincuencia, o des・denes en gran escala, como amenazas al comercio.
Desde los a・s sesenta, las cuestiones pertinentes a la ley y el orden que m・ frecuentemente generaron un debate en lo que respecta a los l・ites apropiados de la intervenci・ federal, son la asistencia a los estados y las localidades en materia de ejecuci・ de la ley y la reglamentaci・ de las armas de fuego. Al considerar la legislaci・ que estableci?el programa de donaciones administrado por la Administraci・ de Asistencia a la Ejecuci・ de la Ley (P.L. 90-351) y sus precursores, la Oficina de Asistencia a la Ejecuci・ (P.L. 89-197), algunos miembros del Congreso y analistas expresaron su preocupaci・ en el sentido de que el "poder federal sobre el dinero" llevar・ hacia una fuerza de polic・ nacional.
La ausencia de una oposici・ significativa a las disposiciones sobre asistencia a las localidades en materia de ejecuci・ de la ley, contenidas en las medidas antinarc・icas de 1986 y 1988 y en la Ley de Control de la Delincuencia de 1990 y la Ley sobre Cr・enes Violentos y Ejecuci・ de la Ley de 1994, sugiere que esas preocupaciones han disminuido. Este cambio de actitud puede deberse a una percepci・ difundida de que el tr・ico il・ito de drogas peligrosas se ha convertido en un problema nacional de importancia dominante.
Una indicaci・ del aumento de la intervenci・ federal en el control de la delincuencia es la tendencia que existe en los gastos anuales bajo el rubro presupuestario "administraci・ de justicia". Desde 1965, ha aumentado de 535 millones de d・ares a una suma estimada de 21,3 mil millones de d・ares en el a・ fiscal 1996. El Congreso autoriz?aproximadamente 17 mil millones de d・ares para los programas del Departamento de Justicia en el a・ fiscal 1997.
Congressional Research Service
The Library of Congress
Temas de la
Democracia
Publicación Electrónica de USIS, Vol.
2, No. 4, noviembre de 1997