En Estados Unidos, hacer campaña electoral para un cargo político nacional demanda una gran cantidad de dinero y la Comisión Federal Electoral de Estados Unidos (FEC) tiene como una de sus funciones principales establecer normas para el financiamiento de estas campañas, con el propósito de evitar que quienes contribuyen a ellas, tanto individuos como organizaciones, ejerzan influencia indebida en el proceso político. William C. Kimberling, subdirector de la Oficina de Administración Electoral de la FEC, habla de la función y las responsabilidades de su agencia con el redactor colaborador Paul Malamud.

Pregunta: Una de las principales funciones de la Comisión Federal Electoral es seguir con atención las donaciones que hacen las sociedades comerciales, los sindicatos, personas individuales y las diversas organizaciones a los partidos políticos y los candidatos. ¿Por qué es tan importante vigilar la procedencia de los fondos para lograr elecciones libres y justas?

Kimberling: Lo importante no es simplemente el hecho de conocer las fuentes de las contribuciones a las campañas. Ese seguimiento es importante principalmente para hacer cumplir la ley que establece los límites de cada contribución para la campaña de los candidatos. Todo el propósito de nuestra ley es impedir que el predominio en la esfera económica se extienda al predominio en la esfera política; de manera que para limitar las contribuciones de donantes que cuentan con grandes medios económicos es necesario seguir de cerca la fuente de las contribuciones, la cuantía y su destinatario.

La idea es impedir, por ejemplo, que individuos acaudalados donen de su riqueza personal a candidatos a posiciones públicas. Esto lo hacemos simplemente limitando lo que los individuos pueden contribuir a los candidatos que se postulan para posiciones federales; este límite es de 1.000 dólares para cualquier elección. También tenemos que vigilar las donaciones de las corporaciones y de los sindicatos, que son fuentes de grandes medios económicos. Según la ley, les está totalmente prohibido hacer donaciones, bien sea en dinero efectivo o en servicios, a los candidatos a posiciones federales. Les está permitido, sin embargo, formar lo que se llama Comités de acción política (PAC).

Antes de que existiera la Ley Federal de Campañas Electorales, que fue aprobada por el Congreso en 1971 y cuya enmienda creó la Comisión Federal Electoral, se tenía la sospecha en el país de que había algo más en política que no se veía, que de hecho, grandes donantes ejercían influencia indebida sobre los políticos cuyas campañas financiaban. Esta ley fue creada para impedirlo.

La ley no limita la cantidad que los candidatos pueden gastar en su elección; sino que limita lo que pueden recibir de cada donante.

P: ¿Podría describir lo que son los Comités de acción política (PAC)?

Kimberling: Cuando hablo de las arcas de un PAC, quiero decir una recaudación pública para una campaña política, el dinero que hay en el PAC. La forma en que ese dinero llega al PAC debe ser notificada a la Comisión. Cada vez que se forma un PAC, se nos notifica primero su creación y luego se nos informa sobre todos los donantes que contribuyen a su fondo. En el caso de las sociedades comerciales, pueden contribuir únicamente los gerentes, los propietarios y los accionistas de la sociedad, individualmente. No se pueden contribuir al PAC las utilidades de la corporación misma o sus bienes.

Sin embargo, para que el PAC o la compañía pueda tener sus intereses representados, los contribuyentes individuales pueden agregar a su pequeño fondo PAC. Pero aún en este caso los PAC tienen un límite, pueden donar hasta 5.000 dólares a un candidato.

Los sindicatos, de igual manera, deben atraer contribuciones individuales de sus miembros para formar el fondo de su PAC. Y cualquiera otra organización, digamos, el Sierra Club, entidad dedicada a la preservación de los recursos naturales, o los PAC de orientación filosófica conservadora o liberal, deben obtener sus recursos de contribuciones individuales, sobre las cuales se nos debe informar. De esta manera la Comisión Federal Electoral puede conocer el origen de las contribuciones individuales de todos los dineros políticos. Esto significa que hemos erigido una barrera para impedir que las corporaciones, los sindicatos y demás grupos de interés utilicen cualquier tipo de bien de su organización para apoyar o hacer oposición a candidatos a cargos federales.

P: ¿Por qué el efecto de las donaciones políticas sobre elecciones libres y justas llegó a ser un problema en el curso de la historia de Estados Unidos?

Kimberling: Algunos de los problemas se presentaron hacia finales del siglo diecinueve, cuando fuentes enormes de grandes medios económicos comenzaron a participar en la política. En ese entonces eso se consideraba "parte del juego". Las campañas por esos días no eran tan costosas. Los candidatos podían muy bien ganar unas elecciones a punta de "arengas políticas", viajando por las zonas rurales del país a caballo y más adelante por tren, las llamadas campañas de "paradas de tren" eran la norma. Ese método no era muy costoso. El problema verdadero surgió en los años sesenta, con el advenimiento de los viajes en aviones de retropropulsión, que son caros y, especialmente, con surgimiento de la televisión. La publicidad por televisión es tremendamente cara, y en nuestro sistema de gobierno no hay manera de que el gobierno pueda obligar a las estaciones de televisión a ofrecer espacio, sin costo, para los candidatos o los partidos, y aunque pudiéramos hacerlo no estoy seguro en qué forma podría organizarse. De manera que en gran parte las campañas se desarrollan dentro de un sistema de mercado libre. Cada cual compra el espacio que puede.

Ahora, si se agrega el costo del transporte en gran escala, en aviones de retropropulsión, recorriendo un país que tiene 4.830 kilómetros de costa a costa, al costo de los anuncios por televisión, que es enorme, especialmente en los principales mercados de comunicaciones, como Los Angeles, San Francisco, Chicago, tenemos que eso es lo que elevó el costo de las campañas.

Como resultado, los candidatos a posiciones federales ya no podían sufragar sus propias campañas y tuvieron que acercarse con la mano extendida a la gente adinerada, a las fuentes de grandes medios económicos. Fue entonces cuando comenzamos a temer que estas fuentes de gran riqueza, individuos, corporaciones y sindicatos, estuvieran contribuyendo dinero para los candidatos no simplemente por generosidad sino para tener alguna influencia si éstos eran elegidos. Esta era una sospecha que pesaba mucho en la opinión de todo el mundo, y que fue confirmada bastante bien con el escándalo de Watergate durante la administración Nixon en la década de los setenta. En la investigación correspondiente se encontró, entre otras cosas, que las corporaciones habían "lavado" dinero mediante varios bancos caribeños y mexicanos con el fin de canalizar contribuciones hacia los políticos, en contravención de la ley de 1912 que prohibía tal cosa. La vergüenza que significó esto simplemente confirmó lo que todo el mundo sospechaba desde hacía tiempo. La gente se rebeló contra la idea de no saber quién pagaba cuánto a quién y qué se podía recibir en cambio.

Originalmente cada una de las cámaras del Congreso mantenía su registro de las contribuciones, pero hallaron que ese sistema no funcionaba y crearon la Comisión Federal Electoral, cuya vigilancia abarca todos las posiciones federales: presidente, senadores y representantes.

P: ¿Desde su punto de vista, cuál ha sido el desempeño de la Comisión durante los últimos 25 años?

Kimberling: Creo que sería justo decir que en general la ley ha tenido el efecto deseado. La mayoría de los políticos, créalo o no, son bastante honrados y quieren acatar la ley. Además, es perjudicial para una campaña electoral si la Comisión Federal Electoral tiene que investigarla. De manera que por lo general la ley ha logrado la disciplina que se proponía imponer y ha limitado la influencia de la riqueza.

Inevitablemente, una vez que la comunidad política comprendió la estructura de la ley, hubo intentos bastante habilidosos de burlarla; y esa es la batalla que hemos estado luchando desde entonces. Existen gentes de gran imaginación en ese campo. Algunas veces tratan de crear fundaciones o de contribuir a los partidos, no directamente a los candidatos, en un esfuerzo por ejercer influencia indirecta. Es una lucha continua. No es una situación inalterable, hay una evolución constante.

P: ¿Eso es lo que se llama "fondos blandos"? ¿Dinero que no está fiscalizado por la FEC y que se dona directamente a los partidos supuestamente para campañas que estimulan el registro de votantes y demás actividades de interés público, pero que termina utilizándose para ganar partidarios políticos?

Kimberling: En el fondo no estoy seguro que sea una cosa deplorable que el dinero vaya a los partidos políticos. Preferiría eso a que vaya directamente al bolsillo de los candidatos. Me preocupa menos que un partido político pueda ser comprado o influenciado indebidamente por grandes intereses económicos que lo que pueda suceder con un individuo, por ello esta situación no me alarma tanto como a algunos comentaristas de noticias. Si el Congreso quiere hacer algo al respecto, lo hará. La Comisión Federal Electoral no hace las leyes, de manera que hay que recurrir al Congreso para que remedie cualquier problema.

P: ¿Puede una institución que está financiada por el Congreso estadounidense fiscalizar las elecciones?

Kimberling: Hasta el grado en que yo creo que las legislaturas nacionales de los gobiernos democráticos deben vigilar siempre el financiamiento de las campañas políticas, no veo que haya otra solución. Pero, primero que todo, la Comisión fue creada como un organismo regulador independiente. No estamos específicamente obligados con el Congreso en lo que hacemos. La Comisión tiene seis miembros; todos ellos nombrados por el presidente, con la aprobación por mayoría en el Senado. Además, la ley estipula que de éstos no más de tres pueden ser de un mismo partido político, lo que en la realidad significa, en este país, que habrán tres demócratas y tres republicanos.

Debido a que se requieren cuatro votos para que la Comisión pueda hacer algo, ello obliga a las partes a trabajar en colaboración para hacer cumplir la ley, aprobar normas y sancionar a los transgresores. Es un método que a mí me gusta. Asegura un proceso bipartidista para tomar decisiones. Por otra parte, el personal está compuesto de funcionarios públicos contratados que deben permanecer políticamente neutros. No podemos participar en ninguna actividad política. A cambio de eso, estamos protegidos por el reglamento del cuerpo de funcionarios públicos, de manera que no se nos puede destituir por razones políticas. Es cierto que nuestro presupuesto viene del Congreso y existe el peligro de que lleguemos a enojarlo de tal manera que nos sancione reduciendo nuestro presupuesto. En nuestra posición eso podría suceder. El estado de California, a propósito, que tiene una entidad similar a la nuestra, fue lo suficientemente precavido como para instituir una norma que no permite que la legislatura estatal recorte el presupuesto de la Comisión Electoral de California. Puede agregarle, pero no puede reducirlo, lo que en efecto prohíbe a la legislatura que sancione a la comisión electoral por hacer su labor. Es una solución sabia al problema.

P: ¿Cómo se compara el sistema estadounidense con el de otras naciones en cuanto a garantizar elecciones justas?

Kimberling: En realidad he visitado veinte países diferentes para comparar sus sistemas con el nuestro. Es difícil trasplantar ideas. Lo que funciona bien en un determinado ambiente no necesariamente sirve en otro. De hecho, cuando trato de explicar nuestro proceso electoral y nuestra estructura constitucional a los visitantes de otros países, trato de hacer hincapié en que lo que funciona bien en Estados Unidos quizá no funcione bien en otros países. Hay técnicas que quizá sean transferibles, pero los intentos de transferir un sistema completo y sus conceptos no siempre tienen éxito. Algunas veces los países se meten en aprietos porque adoptan una idea del país A y otra del B y otra del C y luego descubren que no van bien juntas.

Los sistemas deben diseñarse para quienes van a tener que vivir con ellos y las democracias varían entre sí. La democracia británica es diferente de la democracia americana, de la democracia francesa y de la democracia alemana. Es como la ropa, se parece mucho pero hay que hacerla a la medida para que se ajuste. De manera que siempre insto a los visitantes extranjeros a que consideren las diversas opciones posibles para ellos y traten de encontrar las que se adapten a sus necesidades.

P: Algunos eruditos en cuestiones constitucionales afirman que el derecho a dar cantidades sin límites a un partido o a una causa preferida es un elemento esencial de la libertad de expresión que ofrece la democracia. ¿Qué opina usted?

Kimberling: En opiniones jurídicas recientes la Corte Suprema de Estados Unidos sí se frunció un poco ante la idea de limitar lo que se puede contribuir. Indudablemente consideró el uso del dinero como una forma de expresión.

Sin embargo, también reconocieron que hay un interés estatal importante en limitar la influencia de donantes con grandes medios económicos. La gente tiene que decidir por sí misma, y tiene que decidir por sí misma si quiere o no el mejor gobierno que puede comprarse con dinero. La interrogante es: ¿un gobierno que es elegido libremente va a servir a la gente que lo eligió o limitará su servicio a la gente que financió su partido o su campaña? Si la gente quiere que el gobierno responda a sus votos, en lugar de responder a quienes financiaron las campañas, tendrá que hacer lo necesario para garantizar que sea así.

P: Un aspecto de la tarea de la Comisión Federal Electoral es publicar los datos que recoge sobre las contribuciones para las elecciones. ¿Qué importancia tiene esa parte de su labor?

Kimberling: Hay en la Comisión quienes creen que eso es absolutamente esencial y quizá la función más importante que realizamos. En el piso de abajo en nuestras oficinas se encuentran los registros con toda la información de quién ha contribuido qué, a quién, cuándo y cuánto --y desde luego están completamente abiertos al público e indudablemente a los medios de información. Tratamos de ayudar a los medios de información preparándoles el resumen de las cantidades; también mantenemos el registro de unos 4.000 PAC con sus respectivos intereses. Es un principio que todos los registros están abiertos y que toda contribución política, bien sea a un PAC directamente o a un candidato directamente, es materia de archivo público, disponible para todo el mundo, y de hecho está disponible en nuestro lugar en la Web de Internet. En la Web se puede ver por candidato cuánto ha recibido y de quién.

P: Como usted señaló, una de las razones por las cuales los candidatos necesitan tanto dinero es el costo del tiempo en televisión. ¿Por qué no se hacen leyes que obliguen a las redes de televisión a donar el tiempo, y de esa manera se reduciría el costo de las campañas y por tanto la necesidad de grandes donaciones?

Kimberling: Esa es ciertamente la forma en que lo hacen los europeos. Pero los europeos no están limitados por una constitución como la estadounidense. El problema que tenemos es que con nuestra Constitución es sumamente difícil imponerle este peso de un servicio público a los medios de información. El gobierno no está facultado para hacerlo. De manera que no es cuestión de cuán práctico sea, es cuestión de su constitucionalidad. Yo no le veo solución a ese problema. Sencillamente no tenemos potestad normativa sobre los medios de información, esa es una de las razones por las cuales se formuló la complicada ley de financiamiento de campañas electorales, la que creó a esta Comisión. La verdad sea dicha, probablemente el 80 por ciento de los fondos políticos en este país se gastan en publicidad de televisión y radio; pero, con la Constitución que tenemos y la prohibición contra un gobierno lo suficientemente arrogante como para controlar los medios de información --una idea que los estadounidenses consideramos peligrosa-- no hay otra solución.

P: Su oficina hace otras cosas fuera de la vigilancia de la financiación política. ¿Qué otras cosas hacen para garantizar elecciones justas?

Kimberling: Nuestra labor en la administración electoral es también una parte vital de lo que hacemos. Según nuestra estructura constitucional las elecciones no son una cuestión del gobierno federal, son cuestión de los estados. No existe una ley federal que diga "esta es la forma en que se deben realizar las elecciones en todo el país", aún cuando se trata de elecciones para cargos federales, como la presidencia o el Congreso. En cambio, tenemos cincuenta legislaciones estatales diferentes; pero ni siquiera los estados administran el proceso cotidiano de las elecciones, eso es materia para el siguiente nivel inferior de gobierno, o sea los condados. De manera que no tenemos una gran autoridad electoral en Estados Unidos. Ni siquiera tenemos cincuenta autoridades electorales. La verdad es que tenemos 3.200 autoridades electorales en todo el país que tienen bajo su responsabilidad todas las elecciones que se realizan en sus respectivos condados, desde las elecciones para presidente de Estados Unidos hasta el cargo más pequeño imaginable.

Mi tarea es ayudar a los estados a mejorar sus leyes electorales y a los funcionarios electorales locales a mejorar la administración del proceso electoral, mediante la introducción de tecnología nueva y de técnicas y procedimientos nuevos para impedir el fraude o hacer el proceso más eficiente y eficaz en función de los costos.

P: ¿Puede mencionar una o dos formas en que haya mejorado la administración electoral a nivel local?

Kimberling: Bien. Hemos trabajado arduamente para poner en computadora las listas de registro de votantes. En cualquier localidad es un problema tremendo mantener las listas de votantes, pero se hace todavía más grave cuando se considera que una lista de votantes defectuosa o mal mantenida es el mecanismo más probable de que se valdría quien quisiera hacer fraude en unas elecciones. Una lista incorrecta puede permitir que vote gente que no puede votar, incluso los difuntos o gente que se ha trasladado a otros sitios. Una lista incorrecta, un proceso inadecuado para el registro de votantes, puede permitir que la gente vote en nombre de otros. Una lista mal mantenida puede contener el mismo nombre en diferentes lugares de votación, de manera que una persona puede votar varias veces. Muchos de estos problemas, casi todos en realidad, pueden resolverse con una buena lista por computadora.

Sé que muchos países están más interesados, probablemente, en la automatización de los procesos de registro y escrutinio de los votos, por medio de máquinas para votar, creyendo, erróneamente, que con su indiferencia benigna la máquina eliminará el fraude. Lo cierto es que las máquinas electorales nunca hacen fraude y no pueden prevenirlo. La gente que aprende a manipular las papeletas puede aprender a manipular las máquinas. A mi no me entusiasman los equipos para votar. Me entusiasma usar recursos tecnológicos para preparar realmente buenas listas de votantes.

P: ¿En su opinión, cuál es la norma más fundamental de todas para tener elecciones libres y justas?

Kimberling: Cada persona, un voto.

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