COMISIONES DE LA VERDAD EN AMERICA LATINA
Por Eric Green
En opinión del experto en asuntos latinoamericanos Mark Falcoff, es posible que las comisiones de la verdad y demás organismos similares sirvan de "ejercicio para limpiar la conciencia nacional" con respecto a las violaciones de los derechos humanos ocurridas en un país en el pasado.Las opiniones expresadas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista del Gobierno de Estados Unidos.
Falcoff, autor de libros sobre las experiencias políticas de Chile y Argentina, dice que escribir sobre la función de las comisiones de la verdad es en sí mismo algo controversial, ya que implica juzgar quién es culpable de haber violado sistemáticamente los derechos humanos. Aunque se esté de acuerdo en que la labor de estas comisiones es valiosa para procurar la protección de los derechos humanos, Falcoff señala que algunas veces los resultados mixtos que producen reflejan la dificultad de la tarea y a menudo el ambiente antagónico y hostil en que tienen que desarrollar su trabajo.
En una entrevista reciente, Falcoff, especialista residente del Instituto Norteamericano de la Empresa (American Enterprise Institute), en Washington, observó que en general los resultados de las comisiones de la verdad de Chile y Argentina tuvieron efectos muy diferentes. La comisión de la verdad de Argentina, dijo Falcoff, se propuso investigar los asesinatos en gran escala y las "desapariciones", luego de la "humillación" de la derrota de los militares en la guerra contra Gran Bretaña por el control de las islas Malvinas en 1982. Es posible que esta derrota, indicó Falcoff, "hubiera hecho más por el progreso de la causa de los derechos humanos en ese país que cualquier otro suceso individual".
Después de la guerra, dijo Falcoff, se produjo una "orgía de recriminación" por los miles de personas que habían sido secuestradas, torturadas y asesinadas, sin explicación alguna, por las fuerzas revolucionarias y contrarrevolucionarias entre 1970 y 1983.
"Esto puede parecer muy cínico", observó Falcoff, "pero creo que es exacto decir que hubo una especie de ira desplazada hacia los militares por haber perdido la guerra".
La situación de los derechos humanos en Argentina, dijo, "ha mejorado porque hay un gobierno civil elegido, una prensa bastante libre y el ambiente político del país ha cambiado significativamente" desde la guerra de las Malvinas.
En sus escritos sobre Argentina, Falcoff ha observado que tratar de evaluar la situación de los derechos humanos en Argentina desde 1970 es entrar en un "campo de minas polémico". Las violaciones ocurrieron, dijo Falcoff en un artículo de 1988, "con la concurrencia o la aprobación de miembros del clero, del poder judicial, de la prensa, del sector empresarial y de círculos intelectuales y laborales".
El gobierno estadounidense, en su informe al Congreso de principios de 1977 sobre la situación de los derechos humanos en Argentina, concluyó que se había dado muerte a unos 2.000 argentinos sólo entre 1973 y 1976. En contraste, dijo Falcoff, la comisión de la verdad del país, llamada Comisión Nacional sobre Personas Desaparecidas y nombrada por el presidente Raúl Alfonsín en 1983, halló sólo 600 casos de esas muertes antes del golpe de estado de 1976, cuando las fuerzas armadas tomaron el poder y dieron comienzo a una represión generalizada.
Tampoco hubo consenso alguno, después de la caída del gobierno militar en 1983, sobre el número de víctimas; los cálculos diferían ampliamente, dijo Falcoff. La Asamblea Permanente Argentina de Derechos Humanos, que según Falcoff era una organización conocida por sus estrechos vínculos con el Partido Comunista, citaba la cifra de 6.500 casos entre 1976 y 1979. Agrega que una comisión especial del Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York, que visitó Argentina en 1979, calculó el número en 10.000, en tanto que Amnistía Internacional lo puso entre 15.000 y 20.000.
Falcoff agregó que no tiene "razón alguna para dudar" de la cifra del informe oficial de la Comisión Nacional Argentina que afirma que hubo 9.000 casos de 1976 a 1983. Pero uno de sus problemas con el informe, titulado "Nunca más", publicado en 1985, es, dijo, lo que dejó por fuera. Este informe "dice esencialmente que todo lo malo que sucedió en Argentina tuvo su origen en el golpe de estado de 1976, `lo que no es cierto'".
Falcoff criticó también los capítulos finales del informe. Esa sección, dijo, culpa a Estados Unidos de todo lo malo que sucedió en Argentina, pero no menciona "nada en absoluto de la función que tuvo el gobierno argentino en las desapariciones" antes del golpe de estado de 1976. Sugirió que se había dejado fuera, a propósito, información incriminatoria con el fin de no ofender al Partido Peronista en Argentina, una fuerza poderosa en el país en la época en que se preparó el informe.
En cuanto a Chile, Falcoff dijo que la comisión de la verdad de ese país para las violaciones de los derechos humanos, cometidas entre 1973 y 1990, fue, en su mayor parte "justa, exacta y correcta".
La Comisión Nacional de la Verdad y la Reconciliación de Chile publicó un informe que describe los abusos cometidos por el gobierno militar encabezado por el general Augusto Pinochet. Las circunstancias eran diferentes de las que existían en Argentina, explicó Falcoff.
Para comenzar, dijo, el ejército de Chile no había sido humillado en una guerra como lo había sido el de Argentina. En lugar de declarar culpables, la comisión hizo un "trabajo bastante bueno" de informar objetivamente sobre los hechos. Los militares aceptaron un acuerdo de concesiones mutuas sobre la comisión de la verdad que permitió un máximo de franqueza en cuanto al número de muertes ocurridas durante los 17 años del régimen de Pinochet, y, además, que se incluyera información sobre "quién murió y en qué circunstancias".
Al mismo tiempo, continuó Falcoff, en el informe no se dice si las muertes fueron o no justificadas. Ese juicio, observó, se dejó a la "discreción individual" del punto de vista político de cada persona. Falcoff duda de que las comisiones de la verdad, como tales, tengan mucha influencia en la prevención de golpes militares y en la subsecuente represión contra sus opositores.
Quienes se involucran en los golpes, comentó, "no piensan que en unos 15 años van a terminar en la cárcel". Los golpes ocurren por razones sociales, políticas, culturales e históricas; los líderes de un golpe no van a temer las consecuencias de que se les lleve ante la justicia.
Sin embargo, dijo Falcoff, es posible que quienes traman un golpe lo piensen dos veces en los países donde "existe una fuerte tradición del estado de derecho y menos inclinación a quebrantar la normalidad institucional".
Falcoff indicó que quería limitar sus comentarios en la entrevista a las comisiones de la verdad de Argentina y Chile, los dos países que ha estudiado ampliamente. Sin embargo, mencionó la naturaleza polémica del asunto en El Salvador, donde la comisión de la verdad, auspiciada por las Naciones Unidas, culpó a oficiales del ejército del grueso de las violaciones de los derechos humanos.
El informe de la ONU, "De la locura a la esperanza", contó con información documentada sobre aproximadamente 15.000 casos de violaciones de los derechos humanos cometidas entre 1980 y 1991, período que cubre la guerra civil en ese país, durante el cual se calcula que perdieron la vida 75.000 personas.
En enero de 1995, al comentar sobre el valor de la comisión de la verdad en ese país, así como de otras comisiones de la verdad en Nicaragua, Haití, Guatemala y México, el secretario de Estado Warren Christopher dijo que tales entidades "contribuyen a la reconciliación en países que han sufrido guerras civiles o disturbios internos devastadores".
El Departamento de Estado indicó en un informe posterior que las comisiones de la verdad y demás entidades similares representan "formas nuevas y diversas" de rendir cuentas de violaciones de los derechos humanos, lo cual puede llevar a la solución de conflictos por medio de negociaciones.
El informe incluyó una cita del presidente Clinton según la cual en "las naciones donde impera la ley, donde los gobiernos son responsables de sus actos ante sus pueblos y donde las ideas y la información circulan libremente, es más probable que encontremos desarrollo económico y estabilidad política".