En 1971, un funcionario gubernamental le filtró a The New York Times los Documentos del Pentágono -- el estudio supersecreto que había hecho el Departamento de Defensa de la intervención militar de Estados Unidos en Vietnam. El 13 de junio de ese año, el periódico comenzó a publicar artículos basados en los documentos. Cuando el gobierno se enteró de esto, el Departamento de Justicia pidió una orden judicial restrictiva, la cual fue concedida.

En su petición al tribunal, la rama ejecutiva del gobierno afirmaba su privilegio de ser el único juez de las necesidades de seguridad nacional y que se le debía conceder una orden judicial para hacer efectiva esa opinión. El periódico respondió que eso violaría la libertad de prensa que asegura la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Argumentó también que el motivo real del gobierno era ejercer la censura política, más bien que proteger la seguridad nacional.

El 30 de junio, el Tribunal Supremo, en el caso New York Times vs. Estados Unidos, falló en favor del periódico, y los documentos se publicaron. La Constitución, afirmaron los jueces, incluye una "fuerte presunción" a favor de la libertad de prensa. El tribunal dejó en pie la posibilidad de que la publicación de documentos secretos en los periódicos podría tener consecuencias temibles para la seguridad nacional, pero dijo que el gobierno había podido probar que ése sería el resultado en este caso.

La publicación de los Documentos del Pentágono ayudó a alimentar el debate en torno a la prudencia de la intervención estadounidense en Vietnam; sin embargo, la mayoría de los observadores están de acuerdo en que la publicación de los documentos no perjudicó la seguridad nacional de Estados Unidos.

El caso de los Documentos del Pentágono demuestra el valor de la Primera Enmienda, dice Jim Goodale, abogado de The New York Times en el momento de que el tribunal emitió esta histórica decisión. "Sirve de escudo contra un gobierno excesivamente celoso".

Destaca Goodale que el gobierno, en otros casos, ha procurado impedir la publicaci 3;n de documentos secretos. Aunque en algunos de ellos consiguió órdenes judiciales restrictivas temporales, según Goodale nunca se concedió una orden permanente de un tribunal para impedir una publicación.

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